CHIMALHUACAN, MEX., a 27 de marzo de 2025.- Elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Chimalhuacán, así como servidores públicos, recibieron las capacitaciones ’Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes’ y ’Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos’, efectuadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), en coordinación con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, el Departamento de Capacitación y la Academia de Formación Policial.
El capacitador certificado de la CODHEM, licenciado José Alfonso Hernández Zarza, informó que la adopción de la Ley General para Prevenir la Tortura –publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2017– fue una recomendación hecha por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
La ley en cuestión está estructurada de acuerdo con las obligaciones del Estado frente a violaciones a derechos humanos para investigar, sancionar, prevenir y reparar; y tipifica los tratos crueles, inhumanos o degradantes, agregó el capacitador Hernández Zarza. Asimismo, añadió que el delito de tortura no prescribe y la pena se ajusta a estándares internacionales: entre 10 y 20 años, pudiendo llegar a un máximo de 30 años en casos de agravantes.
Y expresó que los responsables de investigar la tortura son las unidades especializadas al interior de las fiscalías generales de las entidades federativas, las cuales deben ser capaces de llevar a cabo una investigación profesional de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.
Con respecto al tema ’Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos’, el profesional de la CODHEM expresó que el objetivo principal de la capacitación fue conocer el instrumento internacional que permitió la creación del Sistema Nacional de Ejecución penal en México para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
También expuso acerca de la dignidad y el valor inherente de las personas privadas de libertad como seres humanos, de protegerlas de toda forma de tortura y malos tratos, así como velar en todo momento por su seguridad y la de los proveedores de servicios, visitantes y el personal en general.